A finales del mes de marzo de 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy devuelve a los inmigrantes ‘sin papeles’ el derecho a recibir atención médica con el Sistema Nacional de Salud.
La medida anula una polémica disposición de la reforma sanitaria de 2012, que había dejado fuera del sistema público de salud gratuito a no menos de 500.000 personas. A pesar de la anulación de la iniciativa, al mismo tiempo, se impide que los inmigrantes irregulares puedan recuperar su tarjeta sanitaria retirada al entrar en vigor la citada reforma.
El Ejecutivo popular considera que otorgarles a los inmigrantes irregulares una tarjeta de asistencia sanitaria les daría un derecho en los países que no existe en la Unión Europea. La aplicación del articulado de la reforma sanitaria contemplaba el copago de los inmigrantes de tasas por su asistencia sanitaria que debían oscilar, según los casos, entre los 60 euros y los 137 euros.
La propuesta de sacar a los inmigrantes irregulares del sistema de asistencia sanitaria español fue defendido por el Ejecutivo como medida para no saturar los servicios de urgencia, por ‘cuestiones de salud pública’ y ‘por ser más práctico’. Colectivos, asociaciones sanitarias y la Oposición parlamentaria calificaron la iniciativa de devolver la asistencia como una cuestión electoralista a escasas semanas del inicio de diferentes consultas electorales clave en 2015.
Propuesta del Ministerio de Sanidad
La vuelta atrás en la prohibición obligó a Alonso, titular de Sanidad, a abrir un turno informativo con los representantes de las administraciones de Salud de las Comunidades Autónomas para concretar cómo se iba a encajar la asistencia primaria sin filiación documental. La propuesta del Ministerio es la de derivar a los centros de salud cualquier tipo de atención médica, incluso las de carácter urgente, para evitar ocupar los recursos de los servicios de urgencias de los hospitales, tal y como se argumentó para retirar la asistencia.
¿Qué dicen los colectivos sanitarios?
Los colectivos de asistencia que, desde la aprobación de la reforma sanitaria, han apoyado la protección para una salud universal en España han hecho énfasis en los costes a largo plazo de dejar a los ‘sin papeles’ fuera del sistema, en tanto que no podrían acceder a medidas de prevención, sus enfermedades podrían ser un factor que distorsionaría la salud pública de los ciudadanos y un riesgo potencial.
Los colectivos creen que está relacionado el uso de la tarjeta sanitaria con el turismo sanitario, con la llegada de extranjeros para recibir asistencia médica gratuita y para enfermedades con difícil solución en sus países de origen o demasiado costosas para costeárselas. Colectivos que han recordado que con la pérdida de la asistencia sanitaria básica también se debate sobre el principio de humanidad. Muchos inmigrantes en tratamiento perderían su acceso a los antirretrovirales.
Las asociaciones sanitarias, especialmente las que funcionan como ONG’s y se encargan de dar cobertura a los inmigrantes indocumentados, son críticos con quienes han apoyado la retirada de la asistencia por considerar a los extranjeros ‘sin papeles’ como potenciales propagadores de enfermedades como la tuberculosis o el VIH. Según los portavoces de estas asociaciones, se falta a la verdad, quienes emigran desde el África Subsahariana son lo mejor de cada familia, jóvenes aptos, fuertes y sanos que son la esperanza de sus grupos familiares.
También son críticos con el argumento de que colapsan los servicios sanitarios, y especialmente los de urgencias. Aseguran que las estadísticas que manejan entidades como ‘Médicos del Mundo’ señalan que la frecuencia con la que acuden los inmigrantes sin papeles a los centros de salud y a urgencias está en una media de cuatro veces al año, frente a las siete de los españoles residentes.
Algunos representantes de ONG´s se han referido al beneficio que supone la prevención de algunas enfermedades con apenas el gasto de unos céntimos y lo que podría significar no atajar determinadas patologías en sus momentos iniciales para esperar a que se vuelvan con ello difícilmente manejables y un riesgo para toda la ciudadanía.
Los inmigrantes sin asistencia médica son un riesgo según estas ONG’s, muchos de los cuales han pasado a depender de sus servicios médicos al haber perdido su puesto de trabajo, estar en riesgo de exclusión, en algunos casos, tener también que sostener a una familia y no poder retornar a sus países de origen.
Consecuencias para estos inmigrantes
Muchos inmigrantes que han perdido su empleo han visto como consecuencia de ello no han podido renovar su permiso de residencia. Circunstancia que les había conducido a ser irregulares en España y, con la medida ahora anulada, a verse también sin asistencia sanitaria gratuita para ellos y para los miembros de su familia.
Algunos inmigrantes ‘sin papeles’, bajo este panorama personal, han desarrollado trastornos psicológicos que necesitan de asistencia psiquiátrica. Personas que pueden además caer en la marginalidad y convertirse en un problema social para el país.
Oposición y colectivos de asistencia a inmigrantes temen que el anuncio de la suspensión de la retirada de asistencia a los ‘sin papeles’ no sea definitivo y que la medida se vuelva a recuperar tras los resultados de las próximas citas electorales y con una reforma cuyo articulado sigue ‘abierto’ para la exclusión de los extranjeros indocumentados.
